El instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos, agrupaciones políticas, persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

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I. Amonestación pública, o
II. Dos representantes de la sociedad civil organizada, y
III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas unidades de medida y actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realice éste.
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En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Capítulo de las Sanciones de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.